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Sin permiso para parquear

En Bogotá existen más de 3.000 bahías de las cuales sólo 1.921 están habilitadas para el estacionamiento de los carros; sin embargo, si usted deja su carro mal estacionado en cualquiera de las 1.379 restantes el comparendo le puede costar más de 471.000 pesos.

Hace 13 años, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, a través del decreto 758 de 1998 se prohibió el uso de las bahías de estacionamiento, la construcción de las mismas, y la localización de estos espacios en los llamados antejardines. Uno de los principales argumentos fue que el Estado debía velar por la protección y la integridad de los espacios públicos y por su destinación al uso común, el cual debía prevalecer sobre el interés particular.

Jorge Enrique Acevedo Bohórquez, ingeniero civil de la Universidad Javeriana, escritor del libro “¡Taxi! El modo olvidado de la movilidad en Bogotá” y experto en movilidad, asegura que “el proyecto que promovió Peñalosa radicaba en la recuperación del espacio público, un hecho fundamental en el cual se le dio el respeto que el peatón merecía”.

No obstante, el cierre de estos espacios públicos generó cierta inconformidad para una parte de la población, pues estas áreas, que en todo el mundo son construidas con el objetivo de brindar seguridad y facilidad para los dueños de los vehículos, estaban siendo desaprovechadas. Después de diversos ejercicios legales, entre ellas una Acción de Cumplimiento que falló el Tribunal Superior de Cundinamarca en el 2009, se logró que en la capital se habilitaran algunas de las más de 5.000 bahías que existían en 1998.

Andrés Gómez, usuario frecuente de muchos de estos espacios públicos, afirma que “es un absurdo que estas bahías existan y no se puedan utilizar, primero, hay muchos lugares que son necesarios para estacionar y por supuesto para no generar inconveniente en las vías públicas y segundo, si el problema es de regulación pues entonces que cobren, pero de manera regulada”.

Según el artículo 76 del Código de Tránsito en Colombia está prohibido estacionar en andenes, zonas verdes, sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación. Ubicar un vehículo en sitios prohibidos, sin tomar las debidas precauciones o sin tener la distancia señalada por el Código Nacional de Transito, en conjunto suman el mayor número de infracciones de tránsito que se comenten en Bogotá. Las estadísticas muestran que durante el 2012 se pusieron 28.699 comparendos y en lo que va corrido de este año 23.765 corresponden al mal estacionamiento.

Jorge Enrique Acevedo explica que existe un problema en la planeación de los espacios públicos y urbanos. Las normas del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) ordenaron que se hiciera un plan maestro de movilidad y estacionamiento; sin embargo, “se hizo un plan de movilidad y el estacionamiento se les olvidó, y se les sigue olvidando; por lo tanto el parqueo en la vía pública es el caos que es”, adicionalmente afirma que “el estacionamiento es un problema para muchos, incluyendo para la Policía, pues parquear está prohibido en todas partes, cosa que no es necesariamente cierto, y eso da lugar a un abuso de autoridad y corrupción porque no está ni definido ni regulado”. Como las sanciones que se le realizaron a 100 policías, el pasado 30 de mayo, por motivos de soborno, ya que intentaron evadir multas de tránsito a conductores que fueron descubiertos cometiendo algunas infracciones, entre esas estacionar en lugares indebidos.

María Alejandra Rivera, arquitecta e ingeniera civil de la Universidad Nacional, manifiesta que la administración (Secretaria de Movilidad) en temas de ordenamiento urbano sí debe generar unas normas que permitan suplir, especialmente en las áreas de oficina y comercio, la necesidad del uso del parqueadero público, no necesariamente de manera gratuita. Alejandra Rivera agrega que “en el nuevo POT propuesto por el alcalde Gustavo Petro, se establece que en lugar de incrementar la obligación de parqueaderos en todos los proyectos están poniendo un límite de los mismo, esto con el argumento de reducir el uso de los carros, pues no hay vías para tantos vehículos”.

La Secretaria de Movilidad, Martha Coronado dice que en este momento la Secretaría de Movilidad continúa haciendo los trámites y los estudios necesarios para que se sigan habilitando estos espacios, siempre y cuando cumplan con las normas de urbanismo y tránsito. “El objetivo es sacar adelante un proyecto donde se permita el uso de estos espacios, pero que además podamos cobrar mediante tarifas reguladas, esto permitiría un nuevo ingreso el cual podría suplir otras necesidades en cuanto a movilidad en la ciudad”.

María Alejandra Rivera, Jorge Enrique Acevedo y Martha Coronado coinciden en que el uso no restringido, pero sí regulado de estos espacios evite problemas adicionales como la obstaculización en vías principales y el tráfico lento en la ciudad. Seguir el ejemplo de ciudades como Quito en donde existen edificios que operan como parqueaderos públicos, los cuales funcionan con el fin de apoyar el desarrollo territorial y la reactivación económica puede ser una opción en las zonas de comercio y mayor afluencia vehicular.

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Por Diana Paola Avendaño Sandoval
Estudiante de la Facultad de
Comunicación Social -Periodismo

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